Jorge Amoreo Casotti visitó los estudios de Ladrillo.Info, el streaming especializado en el mercado inmobiliario conducido por Federico Miqueo. Durante la entrevista, el especialista en innovación tecnológica se refirió sobre la iniciativa orientada a eliminar la colegiación obligatoria y promover un nuevo esquema normativo para el ejercicio de la actividad comercial en el Real Estate.

Amoreo Casotti, arquitecto de formación y fundador de la proptech PINT, describió su propuesta como una respuesta a lo que definió como “una estructura heredada de la regulación autoritaria”. Según señaló, las leyes que rigen la actividad —la 20.266 de 1973 y la 25.028 de 1999— surgieron en contextos de intervención estatal intensa, y asignaron a los colegios profesionales un rol que hoy consideró “obsoleto”.

Hace tres meses, el Gobierno adelantó su intención de avanzar en una posible desregulación del sector. La propuesta se encuentra en análisis dentro del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Aunque no se registraron avances concretos, el debate ya se instaló entre los referentes del mercado inmobiliario.

“La normativa transforma una actividad comercial en una profesión científica para someterla a estructuras cerradas, ajenas a los avances del mercado y las necesidades del usuario”, indicó.

Propuso reemplazar ese modelo por un sistema basado en certificaciones voluntarias, acceso libre al mercado y mecanismos de evaluación a cargo del consumidor y la justicia ordinaria.

El planteo: cinco ejes de reforma

Casotti estructuró su propuesta institucional en cinco puntos. Primero, la eliminación de la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para ejercer. En su lugar, propuso certificaciones basadas en la experiencia, la reputación y la capacidad técnica del agente.

Segundo, sugirió quitarle a los colegios el poder sancionador, con el argumento de que ese rol debe estar exclusivamente en manos del sistema judicial. “No puede sostenerse una estructura donde el ente que otorga la matrícula también actúa como juez”, advirtió.

En tercer lugar, planteó terminar con las restricciones territoriales, que exigen una matrícula distinta por provincia o distrito. “Hoy es posible operar digitalmente desde cualquier lugar. Esa segmentación geográfica impide la libre competencia”, sostuvo.

La cuarta medida propone eliminar las sanciones por ejercer sin estar matriculado. “Existen casos de clausuras y multas millonarias por publicar propiedades sin autorización. Eso representa una forma de coerción institucional, no una defensa del consumidor”, señaló.

Finalmente, instó a derogar los esquemas de aranceles mínimos fijados por los colegios. Consideró que el precio por servicios inmobiliarios debe establecerse por acuerdo entre partes y no por decisión corporativa.

Críticas al sistema actual

Durante el programa, Casotti vinculó el origen de la estructura vigente con la herencia institucional de gobiernos militares. Afirmó que el modelo de colegiación obligatoria no sólo representa un obstáculo económico, sino también un freno a la innovación. “Los colegios operan como filtros de entrada a una industria que necesita dinamismo. Impiden el ingreso de nuevos actores y concentran decisiones en manos de comités que no rinden cuentas”, argumentó.

Mencionó como ejemplo un caso reciente en el que un egresado universitario recibió una multa de más de 13 millones de pesos por publicar una propiedad sin matrícula. A su juicio, este tipo de medidas desalienta la participación y dificulta el acceso al mercado formal.

Además, denunció prácticas de doble estándar dentro de los propios organismos reguladores. “Hay inspectores que exigen matrícula a las inmobiliarias, pero sus propias oficinas no cumplen con los requisitos que hacen cumplir. Eso demuestra que el sistema opera con lógicas discrecionales”, declaró.

Impacto en el consumidor

Consultado sobre cómo afecta esta situación a los usuarios, Casotti explicó que la estructura vigente encarece los costos para compradores, inquilinos y propietarios. “Las tarifas fijas, los trámites administrativos, las restricciones para operar de un lado u otro de la General Paz, todo eso termina repercutiendo en el bolsillo de la gente”, expresó.

También señaló que muchos consumidores no valoran la existencia de una matrícula como sinónimo de garantía. “Hoy las decisiones de confianza se toman en función de reseñas en línea, experiencias previas y referencias. No por pertenencia a un organismo”, indicó.

Desde su experiencia en PINT, donde desarrollan gemelos digitales, recorridos 360° y soluciones tecnológicas aplicadas al sector, afirmó que las herramientas de evaluación del servicio ya están disponibles. “La tecnología permite calificar el trabajo de un agente en tiempo real, identificar quién brinda un servicio ágil y quién no. No se necesita una estructura burocrática para eso”, dijo.

Recepción del proyecto

Casotti afirmó que, aunque recibió algunas amenazas anónimas, también recibió muestras de apoyo, incluso de agentes matriculados. “Muchos profesionales detestan a los colegios, pero se ven obligados a sostenerlos porque dependen de su autorización”, explicó. Agregó que también recibió comentarios de personas de otros rubros, como odontología y abogacía, que reconocieron situaciones similares en sus respectivos colegios profesionales.

Planteó que su intención no es eliminar a los colegios, sino habilitar la competencia con otras formas de certificación. “Si los colegios quieren sobrevivir, deben demostrar valor. Si ofrecen servicios útiles, los profesionales los van a elegir. Si no, perderán relevancia”, sostuvo.

Viabilidad legal y perspectiva futura

Consultado sobre los tiempos legislativos, Casotti aclaró que no integra el Poder Ejecutivo ni tiene acceso a información oficial. Sin embargo, destacó que restan 47 días de facultades delegadas, y que existe una ventana para que el Ejecutivo incorpore estos cambios. También consideró que, más allá del calendario institucional, la transformación resulta inevitable. “Un país que dice promover el libre comercio no puede validar estructuras que deciden quién puede trabajar y quién no”, afirmó.

Propuso como medida inicial la derogación de la Ley 25.028, que, según explicó, consolidó la transformación de una actividad comercial en una profesión regulada como si fuese científica. “Esa ley no tiene base económica, ni jurídica, ni técnica. Sólo responde a intereses corporativos”, sostuvo.

Innovación y mirada a futuro

Sobre el final del encuentro, Casotti se refirió al papel que puede cumplir la tecnología en un escenario desregulado. Afirmó que los procesos de digitalización permitirán integrar al mercado local con otros países, ofrecer recorridos virtuales permanentes y captar operaciones desde el exterior. “La adopción tecnológica genera transparencia, mejora la experiencia del usuario y eleva el estándar del servicio”, explicó.

Destacó que incluso inmobiliarias tradicionales —con décadas de trayectoria— ya incorporaron herramientas digitales. Señaló que la transformación no depende de la edad, sino de la actitud. “Hay agentes con años de experiencia que entienden que tienen que competir ofreciendo un servicio mejor”, indicó.

Concluyó que la tecnología ya ofrece sistemas de evaluación pública más confiables que cualquier estructura cerrada. “Los usuarios no necesitan que un organismo les diga a quién confiarle una operación. Pueden leer opiniones, comparar servicios y decidir”, afirmó.