Desregulación inmobiliaria: el plan para eliminar la matrícula obligatoria de los corredores

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, trabaja en una reforma que podría cambiar de raíz cómo se compran y venden propiedades en Argentina. El punto central del proyecto: eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional y la colegiación para ejercer el corretaje inmobiliario. En la práctica, cualquier persona podría intermediar en operaciones de compraventa o alquiler sin necesidad de tener título universitario ni estar inscripta en un colegio de martilleros y corredores.

La iniciativa ya fue debatida durante 2025 y podría ingresar al Congreso en los próximos meses, según informaron Infobae y Ámbito. El argumento oficial apunta a reducir barreras de entrada al mercado, fomentar la competencia y abaratar los costos de intermediación para compradores y vendedores.

El argumento a favor: más competencia, menos trabas

Quienes respaldan la desregulación sostienen que la matrícula obligatoria funciona como un cartel que limita la oferta de intermediarios y sostiene comisiones artificialmente altas. En ese marco, abrir la actividad permitiría que más personas ofrezcan el servicio, lo que en teoría presionaría los precios a la baja y beneficiaría a quienes compran o venden. Se trata de un enfoque que ya se aplicó o se discute en otros rubros dentro del plan de desregulación general del Gobierno.

Desde esa perspectiva, la habilitación sin título no implicaría necesariamente menor calidad: el mercado premiaría a quienes ofrecen mejor servicio y penalizaría a quienes operan mal, sin necesidad de que un colegio actúe como filtro previo.

La posición de los colegios: riesgo de fraudes y desprofesionalización

Hay además un argumento jurídico de fondo: la matriculación de los corredores es una potestad provincial, no nacional. Los colegios —nucleados en el COFECI— sostienen que la Nación no puede eliminar la matrícula por sí sola sin avanzar sobre competencias que las provincias nunca le delegaron; por eso, en muchas jurisdicciones la colegiación podría seguir vigente aunque el Gobierno nacional desregule.

Los colegios de martilleros y corredores inmobiliarios salieron a rechazar la propuesta con fuerza. Su argumento central: la matrícula no es un privilegio gremial sino una garantía para el público. Un corredor matriculado tiene formación jurídica básica, conoce el proceso de escrituración, está habilitado para firmar boletos y responde patrimonialmente ante errores o maniobras dolosas.

Sin ese requisito, advierten, el mercado quedaría expuesto a operadores sin formación que podrían cometer errores graves —desde cláusulas contractuales defectuosas hasta maniobras directamente fraudulentas— con escasa posibilidad de que el damnificado tenga a quién reclamar. En un mercado donde las operaciones involucran sumas en dólares y transferencias de dominio, los márgenes de error tienen consecuencias patrimoniales serias.

El debate refleja una tensión genuina entre dos visiones sobre cómo funcionan mejor los mercados: la regulación como garantía de calidad versus la competencia como mecanismo de selección natural. Argentina tiene experiencia con ambos extremos, y el resultado dependerá tanto del diseño de la eventual reforma como de los mecanismos de control que se establezcan para el ejercicio libre de la actividad.