Desalojos exprés: cómo impacta la nueva ley en los alquileres y qué deberán revisar propietarios e inquilinos
La reforma establece procesos sumarísimos para recuperar inmuebles y mantiene los 10 días de intimación por falta de pago. Qué cambia y en qué tienen que prestar atención las partes antes de firmar

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado el 19 de noviembre, incorpora cambios en los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles a través de los llamado: "desalojos exprés". La reforma establece que los desalojos tramiten por la vía sumarísima, con plazos más breves y menos instancias procesales. La medida apunta a reducir los tiempos que enfrentan los propietarios ante ocupaciones ilegítimas, incumplimientos de contratos o vencimientos de alquileres.
Para el mercado inmobiliario, la modificación abre un nuevo escenario. Los propietarios podrían contar con mayores herramientas para recuperar sus viviendas y eso podría reducir algunos de los requisitos que hoy exigen para alquilar. También surgen interrogantes sobre cómo se aplicará el nuevo procedimiento y qué recaudos deberán tomar los inquilinos.
Qué cambia con los desalojos exprés
La reforma modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Justicia nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias cuentan con sus propios códigos procesales, por lo que la aplicación de un esquema similar dependerá de las modificaciones que adopte cada jurisdicción.
El procedimiento sumarísimo establece cinco días para contestar la demanda, limita determinadas excepciones previas y la posibilidad de presentar una reconvención, y fija plazos más cortos para otras etapas del juicio. Ese plazo de cinco días corresponde a la respuesta a la demanda: no significa que el desalojo se concrete automáticamente en ese período.
En los casos de falta de pago de alquileres de vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle al menos 10 días corridos para cancelar la deuda. El proyecto original proponía reducir ese plazo a tres días, pero el cambio fue eliminado durante el tratamiento legislativo.
La reforma no modifica el tratamiento penal de las usurpaciones, tipificadas en el artículo 181 del Código Penal. Alcanza a los desalojos de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos. La diferencia es que la usurpación es un delito, mientras que la intrusión implica ocupar un inmueble sin autorización y el conflicto locativo surge del incumplimiento de un contrato.
Los principales cambios de la ley:
Desalojos sumarísimos: los juicios tramitarán por un procedimiento más breve.
Cinco días para responder: el demandado tendrá ese plazo para contestar la demanda.
Intimación por falta de pago: se mantienen los 10 días corridos para cancelar la deuda en alquileres de vivienda.
Alcance: incluye a locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos.
Usurpaciones: no modifica el tratamiento penal previsto en el artículo 181 del Código Penal.
Jurisdicción: los cambios procesales rigen en la Justicia nacional y de CABA; las provincias tienen sus propios códigos.
Contratos: los plazos más breves podrían reducir las garantías y exigencias que los propietarios piden a los inquilinos.
Juicios que pueden durar años
Bibiana Varela Guijarro, abogada especialista y directiva de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), explicó que los desalojos por intrusión pueden demorar al menos tres años y los procesos por falta de pago o vencimiento del contrato, entre un año y medio y dos. Según advirtió, esas demoras desalientan la inversión en propiedades para renta y encarecen los alquileres por el riesgo de litigios prolongados.
La especialista estimó que, con el nuevo procedimiento, los procesos podrían resolverse en un período de entre tres y cinco meses. Se trata de una proyección sobre la posible aplicación de la reforma, no de un plazo que establezca la ley. "Si se abrevian los trámites de desalojo, eso juega también en favor de los inquilinos buenos cumplidores de los contratos".

La reducción de los tiempos judiciales podría aliviar las exigencias para alquilar. Según Varela Guijarro, hoy los propietarios buscan mayores garantías y condiciones estrictas por el riesgo de afrontar juicios prolongados. Con desalojos más rápidos, esa necesidad podría disminuir.
En la misma línea, Enrique Abatti (h.), abogado especialista en Derecho de la Empresa y director de CAPRA, sostuvo que los contratos deben contemplar derechos y obligaciones equilibrados para ambas partes. "Cuanto más breves y simples sean los trámites de los procesos de desalojo, menores serán los requisitos que se le exigirán a los inquilinos para suscribir los contratos y ello beneficiará a los locatarios cumplidores de sus obligaciones".
Qué deberían revisar los contratos
La nueva normativa también vuelve a poner el foco en las condiciones que se pactan al momento de alquilar. Los especialistas recomendaron evitar cláusulas ambiguas y dejar en claro las obligaciones de propietarios e inquilinos.
Entre los puntos a revisar aparecen:
Notificaciones: incluir domicilios electrónicos y canales válidos para comunicar intimaciones, además de mantenerlos actualizados.
Pagos fuera de término: aclarar que aceptar excepcionalmente un pago tardío no modifica las condiciones originales del contrato.
Devolución del inmueble: establecer con precisión las condiciones y penalidades ante una demora en la entrega de las llaves.
Jurisdicción: adaptar el modelo contractual a las normas de cada distrito, porque los procedimientos pueden diferir entre CABA y Provincia de Buenos Aires.
Karina González, de la agrupación Propietarios Unidos Argentina, consideró que la aprobación de la ley aporta reglas claras al mercado. Sostuvo que los inquilinos que cumplen con sus obligaciones no deberían verse perjudicados y que una mayor seguridad para los dueños podría incentivar la publicación de más viviendas en alquiler.
El efecto sobre los precios todavía es incierto. Una mayor oferta podría ampliar la competencia entre propietarios y darles más margen de negociación a los inquilinos, aunque no implica necesariamente una baja inmediata de los valores publicados.
"Esto no perjudica al inquilino, al contrario, el que cumple —que es la gran mayoría— no tiene nada de qué preocuparse y hasta sale ganando. Cuando baja el riesgo de quedar atrapado en un juicio eterno, muchos más dueños se animan a poner sus departamentos en alquiler, hay más oferta y bajan las exigencias. Cuidar la propiedad privada y resolver rápido los problemas con los que no cumplen es la única forma de que alquilar funcione bien para todos", concluyó González.

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