El regreso del crédito hipotecario en la Argentina, que en 2025 mostró señales de reactivación tras años de virtual parálisis, quedó envuelto en una fuerte polémica. En los últimos días, una denuncia por presuntas irregularidades en la asignación de préstamos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios vinculados a La Libertad Avanza desató un escándalo político que ya tiene derivaciones administrativas y podría escalar en el plano judicial.

El detonante fue una advertencia del diputado nacional Esteban Paulón (del Partido Socialista e integrante de Hacemos Coalición Federal), quien puso el foco en una serie de créditos hipotecarios otorgados a dirigentes y funcionarios oficialistas por montos muy superiores al promedio del mercado. Según planteó, existe una posible “operatoria irregular” en el acceso a esos préstamos, lo que motivó un pedido formal de acceso a la información pública tanto al Banco Nación como al Banco Central.

El caso salió a la luz a partir de un trabajo del especialista en visualización de datos Andrés Sikosky, quien desarrolló una herramienta que compila información oficial y permite consultar las deudas bancarias declaradas por funcionarios en todo el sistema financiero. A partir de ese cruce de datos, se identificaron créditos hipotecarios de alto monto en manos de dirigentes vinculados a La Libertad Avanza.

A partir de ese análisis, Paulón aseguró que detectaron “una cantidad importante de funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza” que accedieron a créditos hipotecarios por montos que, en muchos casos, no se corresponderían con los ingresos declarados. El dato más sensible, según explicó, surge del ranking de los préstamos más elevados.

“El 90% de los 50 créditos más altos fueron otorgados a funcionarios o referentes de La Libertad Avanza”, afirmó. De acuerdo con ese relevamiento, los montos van desde USD 200.000 hasta USD 400.000, con casos que incluso se acercan a los USD 500.000. Se trata de cifras muy por encima del promedio de la línea hipotecaria del Banco Nación, que ronda los USD 80.000.

Esta situación ocurre justo en un momento de despegue de los créditos hipotearios UVA, de hecho en 2025 se entregaron 44.000 en la Argentina, y el 40% fueron otorgago por el Banco Nación.

Quiénes son los funcionarios

• El caso que tuvo impacto directo en el Gobierno fue el de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello, quien presentó su renuncia tras quedar expuesto como beneficiario de uno de los créditos hipotecarios.
• Entre los funcionarios del equipo económico aparecen Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito cercano a USD 345.000, y Felipe Núñez, director del BICE y asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de alrededor de USD 315.000.

• También figura Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un crédito de aproximadamente USD 276.000.
• En el listado se suma Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un financiamiento superior a USD 200.000.
• Otro de los nombres es Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con un crédito cercano a USD 77.000.
• A nivel legislativo, aparecen diputados de La Libertad Avanza como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con préstamos que oscilan entre USD 200.000 y USD 240.000.
• También se menciona a Alejandro Bongiovanni, otro legislador oficialista, con financiamiento dentro de ese rango.

Escándalo político

El caso tomó mayor dimensión política tras conocerse la salida de Leandro Massaccesi, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Su desvinculación se produjo luego de que trascendiera que había accedido a uno de estos créditos, lo que fue interpretado por la oposición como un reconocimiento implícito de irregularidades.

Para Paulón, la situación plantea dos niveles de discusión. Por un lado, un cuestionamiento ético en relación con el discurso de austeridad del Gobierno. Por otro, la posibilidad de que existan inconsistencias que ameriten una investigación judicial. “Se abre una dimensión penal que hay que analizar”, advirtió.

El legislador también apuntó contra el criterio de asignación de los préstamos. Señaló que, en un contexto donde el crédito es escaso y altamente demandado, el Banco Nación debería priorizar el acceso a la vivienda para sectores medios, así como el financiamiento productivo para pymes. En cambio, sostuvo, se habrían otorgado condiciones favorables a funcionarios para adquirir propiedades de alto valor.

El escándalo irrumpe en un momento particular para el mercado inmobiliario y el sistema financiero, entre CABA y provincia de Buenos Aires, el 20% promedio de las operaciones inmobiliarias se hicieron con crédito hipotecario en 2025. Esa reactivación se dio en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y con nuevas líneas ajustadas por inflación, lo que permitió ampliar el acceso en comparación con años anteriores. Sin embargo, la denuncia pone en tensión el proceso, al cuestionar la transparencia y equidad en la asignación de los recursos.

Desde el oficialismo no hubo hasta el momento una respuesta integral sobre el tema, aunque la salida de Massaccesi marcó un primer gesto político frente a la polémica. Mientras tanto, el pedido de acceso a la información pública busca determinar cuántos créditos fueron otorgados a funcionarios, bajo qué condiciones y con qué criterios de evaluación.

En foco

El foco está puesto en variables clave como los ingresos declarados, la relación cuota-ingreso, las tasaciones de los inmuebles y los montos efectivamente aprobados. También se intenta establecer si existieron condiciones diferenciales respecto de otros solicitantes o si se aplicaron excepciones a los parámetros habituales.

En paralelo, el caso reaviva un debate más amplio sobre el rol de la banca pública en la política de crédito. El Banco Nación, como principal entidad financiera estatal, tiene entre sus objetivos fomentar el acceso a la vivienda y apoyar el desarrollo económico. La eventual utilización de esas herramientas en beneficio de funcionarios podría abrir un frente de cuestionamientos institucionales.

Otro punto que se analiza es la trazabilidad de los créditos dentro del sistema financiero. Dado que la información utilizada proviene de declaraciones oficiales, el cruce de datos permite reconstruir con precisión los niveles de endeudamiento y las condiciones de acceso, lo que podría ser clave en una eventual investigación.

En el plano político, la oposición busca capitalizar el tema y avanzar con pedidos de informes, mientras que no se descarta que el caso escale a comisiones legislativas. El eje estará puesto en determinar si hubo favoritismo, conflicto de intereses o incumplimiento de normas.