La discusión por la desregulación inmobiliaria sumó un nuevo capítulo político. Sergio Massa recibió a las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) y manifestó su apoyo a la defensa de la matrícula profesional, en medio del debate que genera el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao, acompañado por el vicepresidente Alfredo Lavalle y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco.
Según informaron desde la entidad, Massa compartió la visión de los dirigentes inmobiliarios respecto de la iniciativa que analiza el Gobierno nacional y comprometió su acompañamiento personal y el de su espacio político frente a una eventual reforma del sistema vigente.
Desde Martilleros BA señalaron que durante el encuentro se analizó el impacto que podría generar una apertura total de la actividad y se destacó la importancia de los colegios profesionales como organismos de control y protección para consumidores, propietarios e inquilinos.
La entidad también sostuvo que Massa coincidió en la necesidad de preservar el rol institucional de los colegios y la matrícula profesional como herramientas de ordenamiento del mercado. Según transmitieron los participantes del encuentro, además se abordó la preocupación por la posible proliferación de maniobras fraudulentas o prácticas irregulares en caso de eliminarse los controles actualmente vigentes sobre la actividad.
La foto no pasó inadvertida dentro del sector. Hasta ahora, la discusión había quedado concentrada entre entidades profesionales, cámaras empresarias y funcionarios nacionales. La aparición del ex ministro de Economía incorpora un nuevo actor político a una disputa que promete escalar en las próximas semanas.
Qué cambios analiza el Gobierno
Aunque todavía no existe un proyecto definitivo presentado en el Congreso, distintas versiones coinciden en que el borrador impulsado por Sturzenegger contempla modificaciones profundas para la actividad inmobiliaria.
Entre los principales puntos aparecen:
• Eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario.
• Fin de la exigencia del título universitario específico para desarrollar la actividad.
• Posibilidad de que personas físicas y jurídicas realicen tareas de intermediación.
• Liberalización de honorarios y comisiones.
• Habilitación para operar mediante plataformas digitales y herramientas tecnológicas.
• Eliminación de restricciones jurisdiccionales para ejercer la actividad.
Desde el Gobierno consideran que estas medidas podrían aumentar la competencia, reducir costos y facilitar la incorporación de nuevos modelos de negocios vinculados a la tecnología. Sin embargo, la propuesta genera una fuerte resistencia dentro de los colegios inmobiliarios de todo el país.
El argumento de los colegios
La presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), Marta Liotto, sostuvo que la habilitación y matriculación profesional constituyen facultades reservadas a las provincias y no competencias delegadas al Estado nacional.
La dirigente también remarcó que la actividad inmobiliaria no puede reducirse a una simple tarea comercial, ya que involucra patrimonio, documentación legal, contratos y responsabilidades profesionales.
Para Liotto, los colegios cumplen funciones de control ético, capacitación permanente y supervisión disciplinaria sobre los matriculados.
Además, recuerda que la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias del país se realizan actualmente con participación de corredores matriculados, situación que, según su visión, aporta previsibilidad y seguridad jurídica a compradores, vendedores e inquilinos.
La preocupación de las entidades pasa por la eventual aparición de operadores informales sin preparación técnica ni respaldo patrimonial suficiente para responder frente a conflictos o reclamos posteriores.
La postura de quienes apoyan la reforma
Del otro lado del debate aparecen empresarios vinculados al ecosistema Proptech y a nuevos modelos de intermediación digital.
Uno de ellos es Jorge Amoreo Casotti, CEO de la plataforma PINT, quien respalda una eventual flexibilización del sistema actual.
Según su visión, gran parte de los costos que afrontan compradores, vendedores e inquilinos están vinculados a estructuras administrativas y comerciales que podrían reducirse con una mayor competencia.
El empresario consideró que el avance tecnológico modificó la forma en que los usuarios evalúan a quienes intervienen en una operación inmobiliaria. “La transparencia y la seguridad jurídica no tienen que ver con un número detrás de un apellido, sino con trayectoria, trazabilidad y buenas prácticas”, planteó.
También sostuvo que las plataformas digitales, los sistemas de reputación online y los mecanismos de validación pública permiten hoy contar con nuevas herramientas de control y seguimiento.
Para Casotti, el debate excede la cuestión de la matrícula y forma parte de una transformación más amplia que atraviesa al negocio inmobiliario a nivel global.
Expresó: “Existe un cambio de paradigma tecnológico, cultural y estructural en la industria inmobiliaria mundial y Argentina no puede quedar atrás”.
A su entender, una apertura del sistema impulsaría nuevos formatos comerciales, reduciría costos de intermediación y promovería mayores niveles de innovación dentro de la actividad. “Más competencia implica menos costos, más innovación y mayor eficiencia para toda la industria”, concluyó Casotti.
