La discusión por la Desregulación Inmobiliaria sumó un nuevo capítulo y elevó la tensión entre el Gobierno nacional y las entidades que representan a los corredores matriculados de todo el país.
Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipara semanas atrás en un evento de Reporte Inmobiliario que en junio enviará al Congreso un proyecto de ley para avanzar con la desregulación del sector, dirigentes de COFECI y FIRA mantuvieron una reunión institucional con funcionarios nacionales para intentar frenar el avance de la iniciativa.
Del encuentro participaron Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI) y del Colegio Inmobiliario porteño; Román Paikin, vicepresidente del Colegio Inmobiliario porteño; Jorge Alberto Pighin, vicepresidente primero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA); y Fernando Guzmán, secretario general de la FIRA. También estuvieron presentes integrantes y funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Sensaciones
Según reconstruyeron desde ambas entidades, la reunión dejó en evidencia diferencias profundas entre la visión del Gobierno y la postura de los colegios profesionales.
“La reunión fue de posiciones encontradas. No fue fácil porque ideológicamente estamos parados en lugares distintos”, explicó Marta Liotto a Ladrillo.info.
La dirigente sostuvo que desde el sector inmobiliario insistieron en la necesidad de preservar los sistemas de matriculación y control profesional para garantizar seguridad jurídica en operaciones vinculadas al patrimonio de las personas.
Señaló: “Nosotros apelamos mucho a la seguridad jurídica y a la tranquilidad de la sociedad. Los colegios ordenan y los corredores inmobiliarios son profesionales que se capacitan día a día para administrar e intermediar sobre el patrimonio de la gente”, señaló.
Según explicaron desde FIRA, la postura oficial se mantuvo firme alrededor de un principio central: eliminar restricciones para ejercer actividades económicas.
“La idea de ellos es que el Estado no tiene por qué prohibirle a nadie trabajar, entonces cualquiera va a poder hacer corretaje”, resumió Jorge Alberto Pighin tras la reunión.
Los colegios no generan sobre costos para nadie
Desde las entidades remarcaron que los colegios profesionales no generan costos para el Estado y cumplen funciones vinculadas al control ético, capacitación y supervisión disciplinaria de los matriculados.
Uno de los puntos más sensibles del debate pasó por el sistema de matriculación obligatoria. Los representantes del sector sostuvieron que gran parte de las estafas inmobiliarias son cometidas por personas no matriculadas y advirtieron sobre el impacto que podría generar una liberalización total del corretaje.
“El 95% de las estafas viene por parte de personas no matriculadas”, afirmó Pighin. Aunque reconoció que existen casos aislados de matriculados involucrados en irregularidades, aclaró que justamente el sistema colegiado permite sancionar y expulsar a quienes incumplen normas éticas.
Durante la reunión también se analizó el modelo estadounidense. Según detallaron desde FIRA, incluso en mercados desregulados como Florida existe supervisión profesional y obligación de operar bajo brokers habilitados.
“El tema capacitación y colegiación para ellos no era tan necesario como nosotros entendemos”, explicó Liotto sobre la mirada del Ministerio.
El valor de reunirse con el Gobierno
La titular de COFECI aseguró que, pese a las diferencias, el sector valoró la posibilidad de mantener un intercambio directo con el Gobierno.
“Fuimos muy agradecidos de poder conversar esto mano a mano. Marcamos posición cada uno desde su lugar”, indicó.
Qué viene y como actuarán los colegios y cámaras
En paralelo, las entidades inmobiliarias ya comenzaron a trabajar políticamente ante un eventual tratamiento legislativo del proyecto. Según relataron los dirigentes presentes, desde el Gobierno dejaron trascender que la iniciativa avanzaría por vía parlamentaria y no mediante un DNU.
Frente a ese escenario, los colegios provinciales y las cámaras inmobiliarias comenzaron contactos con diputados nacionales y legisladores provinciales para intentar bloquear cualquier intento de eliminar la matriculación obligatoria.
“Nosotros vamos a concientizar a los legisladores nacionales sobre la necesidad de que exista un profesional en cada operación inmobiliaria y un colegio que supervise su tarea”, afirmó Liotto.
La dirigente también aclaró que el sector no busca impedir operaciones entre particulares y defendió la posibilidad del “dueño vende”.
“No somos una profesión obligatoria. El dueño puede vender o alquilar por su cuenta y eso existe hace siempre”, sostuvo.
Sin embargo, insistió en que la intervención de corredores matriculados aporta respaldo y controles frente a conflictos o fraudes. Liotto concluyó: “No queremos estafas en el sector inmobiliario. Esa es la discusión de fondo”.
