La investigación judicial por la presunta megaestafa inmobiliaria vinculada al grupo Induplack ingresó en una nueva etapa. Tras más de tres años de instrucción, parte del expediente fue elevada a juicio oral y público, en una causa que apunta contra el empresario Vito Antonio L’Abbate, sus tres hijos y un colaborador cercano, acusados de haber montado un esquema de comercialización de desarrollos inmobiliarios que nunca se terminaron o que quedaron paralizados.
El expediente reúne más de 500 hechos de estafa denunciados por compradores de departamentos en pozo y al menos 400 víctimas identificadas en la causa penal. El daño económico estimado supera los USD 40 millones, aunque entre los damnificados circula un cálculo más concreto: muchos aseguran haber entregado alrededor de USD 60.000 entre anticipos y cuotas por unidades que nunca recibieron.
La elevación a juicio representa un avance en el proceso judicial, aunque también abrió una nueva discusión entre las víctimas, que reclaman que se profundice la investigación para determinar qué ocurrió con el dinero aportado durante años.
El esquema detrás de Induplack
Según la hipótesis de la fiscalía, el grupo inmobiliario liderado por los L’Abbate habría desarrollado un esquema de captación de fondos a través de proyectos inmobiliarios comercializados bajo la modalidad de “pozo”, una práctica habitual en el mercado argentino.
Bajo este sistema, los compradores adquieren departamentos en construcción y pagan el valor de la unidad en cuotas durante el desarrollo de la obra.
El problema, según las denuncias acumuladas en la causa, fue que muchas de esas obras nunca se terminaron o directamente no avanzaron más allá de las primeras etapas. En otros casos, los compradores aseguran que los proyectos quedaron paralizados o presentaban irregularidades en su comercialización.
En total, la investigación identificó al menos 17 desarrollos inmobiliarios lanzados por el grupo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
En muchos de esos emprendimientos se vendieron departamentos, cocheras u otras unidades que, según los denunciantes, nunca se entregaron.
Quiénes están procesados
La causa penal tiene como principal acusado a Vito Antonio L’Abbate, señalado por los investigadores como el líder del esquema empresarial.
Junto a él fueron procesados sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, además de Patricio Flores, considerado uno de los colaboradores más cercanos del grupo.
Los cinco se encuentran detenidos desde el año pasado y enfrentan cargos por asociación ilícita en concurso real con múltiples hechos de estafa.
El procesamiento incluye embargos millonarios y la imputación de más de 500 maniobras presuntamente fraudulentas vinculadas a la comercialización de los proyectos inmobiliarios.
La fiscalía sostiene que los acusados habrían organizado una estructura destinada a captar inversiones de compradores interesados en adquirir unidades en edificios que, en muchos casos, nunca llegaron a concretarse.
El entramado de sociedades
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el análisis de la estructura empresarial vinculada al grupo.
En el expediente se identificaron al menos 23 sociedades relacionadas con los L’Abbate. Varias de ellas fueron creadas a partir de 2019, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias de compradores que reclamaban por obras paralizadas o incumplimientos contractuales.
Según la hipótesis judicial, estas empresas habrían funcionado como parte de un entramado destinado a sostener la operatoria financiera del grupo y a canalizar los fondos provenientes de las ventas inmobiliarias.
En muchos casos, los integrantes de la familia ocupaban simultáneamente roles de directores, accionistas o representantes de estas sociedades.
Algunas de esas firmas también registraban deudas con entidades financieras, organismos públicos y proveedores vinculados al sector de la construcción.
Algunos de los edificios investigados
Entre los desarrollos comercializados por el grupo aparecen proyectos en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Varias de las obras quedaron paralizadas o nunca se iniciaron. Entre las direcciones mencionadas en la causa figuran:
- Acuña de Figueroa 333 (Almagro).
- Av. San Juan 1451 (Constitución / Monserrat).
- Potosí 3957 (Almagro / Balvanera).
- Catamarca 544 (Balvanera).
- Av. Juan B. Justo 2651 (Villa Crespo).
- Av. Rivadavia 10562 (Liniers).
- Av. Alberdi 5784 (Mataderos).
Se trata de edificios de departamentos y cocheras vendidos “al pozo”, muchos de los cuales quedaron a medio construir o directamente no avanzaron.
La ruta del dinero
Aunque la elevación a juicio fue interpretada como un paso importante en el expediente, muchos damnificados consideran que la investigación aún tiene vacíos.
El principal reclamo apunta a la llamada “ruta del dinero”. Las querellas sostienen que todavía no está claro qué ocurrió con los millones de dólares aportados por los compradores.
Por ese motivo solicitaron nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir el circuito financiero de las empresas vinculadas al grupo.
Entre los pedidos figuran informes a organismos como la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y otras entidades que podrían aportar datos sobre movimientos bancarios, transferencias y operaciones financieras.
El objetivo es determinar si existieron maniobras de desvío de fondos o posibles operaciones de lavado vinculadas a la operatoria inmobiliaria.
Más investigados
En paralelo, la fiscalía también avanzó con pedidos de indagatoria para otras personas que podrían haber tenido algún rol en el entramado empresarial.
En la causa aparecen nombres vinculados a sociedades que participaron como fiduciantes o integrantes de los desarrollos inmobiliarios impulsados por el grupo.
Los investigadores analizan si esas participaciones formaban parte del esquema o si se trató de intervenciones comerciales sin conocimiento de las irregularidades denunciadas.
Al mismo tiempo, algunas querellas plantean que la investigación debería ampliarse hacia inmobiliarias, escribanos y otros intermediarios que participaron en la comercialización de los proyectos.
Un expediente voluminoso
La causa reúne una enorme cantidad de documentación. Entre los elementos incorporados al expediente figuran contratos de fideicomiso, boletos de compraventa, registros contables, movimientos societarios y testimonios de compradores que participaron en los distintos desarrollos.
Según fuentes judiciales, la complejidad del caso está vinculada a la multiplicidad de proyectos inmobiliarios, a la cantidad de víctimas y al entramado empresarial que sostenía la actividad del grupo.
A esto se suman las demandas civiles iniciadas por compradores que buscan recuperar sus inversiones.
El reclamo de los damnificados
Entre los afectados por el caso, la elevación a juicio genera expectativas pero también preocupación. Monica Cuñarro es la fiscal.
Muchos consideran que el proceso judicial es un paso importante para determinar responsabilidades penales, pero insisten en que el avance hacia el juicio no debería cerrar la investigación sobre el destino del dinero.
En paralelo, los damnificados (@damnificadosinduplack) también se organizaron para seguir el avance del expediente. En redes sociales funciona un grupo que reúne a casi 9.000 integrantes, donde comparten información sobre la causa y coordinan reclamos para que la investigación avance sobre el destino de los fondos aportados.
Sin embargo, la decisión de avanzar hacia el juicio oral no fue recibida con alivio unánime entre los afectados. Algunos damnificados sostienen que todavía quedan medidas de prueba pendientes que podrían esclarecer el destino de los fondos aportados durante años. “La jueza y la fiscalía van a elevar a juicio oral, pero los damnificados reclamamos que siga la instrucción porque falta declarar gente que podría explicar qué pasó con nuestro dinero”, señaló Luz Vázquez, una de las víctimas del caso.
En la misma línea, Yamil Castro, uno de los abogados que representa a grupos de querellantes, explicó que el juzgado decidió agrupar a los denunciantes en seis querellas para ordenar el expediente. Sin embargo, sostuvo que todavía hay líneas de investigación abiertas, especialmente en torno a la posible responsabilidad de intermediarios. Afirmó: “Nuestro objetivo ahora es avanzar también contra las inmobiliarias y contra los escribanos que intervinieron en las operaciones”, afirmó.
También plantean que el juicio debería servir para esclarecer cómo funcionó el esquema completo y quiénes participaron en su desarrollo.
Mientras tanto, la causa avanza hacia la etapa de debate oral, donde un tribunal deberá analizar las pruebas reunidas durante la instrucción y determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Para las víctimas, ese proceso será clave. Pero también esperan que la Justicia logre responder la pregunta que todavía sigue abierta en el expediente: dónde fueron a parar los millones de dólares invertidos en proyectos inmobiliarios que nunca se concretaron.
