La demolición del Palacio Lawson, ubicado en la avenida Alvear 1628, en pleno corazón de Recoleta, quedó suspendida por decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida se conoció sobre el cierre de la semana, luego de una serie de reclamos impulsados por vecinos, especialistas en patrimonio y la organización Distrito BAFA (Buenos Aires Fashion & Arts), que advirtieron sobre el impacto que tendría la pérdida del edificio en uno de los corredores más emblemáticos de la Ciudad.
El inmueble, construido en 1916, forma parte de una cuadra de alto valor histórico y arquitectónico. En su entorno inmediato se encuentran piezas icónicas como el Palacio Duhau, el Palacio Fernández Anchorena —actual sede de la Nunciatura Apostólica— y el Palacio Casey, hoy ocupado por el Ministerio de Cultura. En ese contexto, la posible demolición encendió alertas por la alteración de la identidad urbana de la zona.
Según indicaron fuentes oficiales, la decisión implica la suspensión de los trabajos en curso y la apertura de una instancia de բանակցación con los propietarios para evaluar alternativas que permitan preservar al menos la fachada original del edificio. La medida se tomó tras la presión ejercida por distintos actores que reclamaron la protección del inmueble.
Desde el Distrito BAFA, que agrupa a más de 300 comercios de Recoleta, señalaron que el Palacio Lawson cuenta con más de 110 años de antigüedad y representa un testimonio relevante del patrimonio porteño. “Gracias a la gestión directa de la Comisión Directiva de Distrito BAFA —a través de presentaciones formales y de un trabajo sostenido con las autoridades del Gobierno de la Ciudad— se logró detener la demolición de la fachada del Palacio Lawson y garantizar su conservación”, indicaron.
En esa línea, remarcaron el valor simbólico del edificio dentro del tejido urbano. “El Palacio Lawson, con más de 110 años de historia, es testimonio vivo del paso del tiempo y parte esencial del carácter único de Buenos Aires”, señalaron desde la entidad.
El proceso incluyó reuniones con funcionarios del Ejecutivo porteño. Según detallaron, el planteo fue escuchado por autoridades como el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a representantes de áreas vinculadas al desarrollo económico y urbano. También participaron otros funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Agustina Olivero Majdalani.
“El desarrollo económico no reemplaza la historia, sino que se potencia a partir de ella. La conservación de nuestro patrimonio histórico no es un impedimento al desarrollo, sino una oportunidad para potenciarlo”, afirmaron desde BAFA.
Con trayectoria
El Palacio Lawson fue proyectado por el arquitecto Enrique Max Laspé en estilo academicista francés, en una etapa en la que Buenos Aires buscaba consolidarse como una capital de referencia internacional. Originalmente concebido como residencia privada, el edificio mantuvo su estructura a lo largo del tiempo y, en años recientes, albergó la tienda de la marca italiana Ermenegildo Zegna en la Argentina.
El cierre de ese local abrió paso a un proyecto inmobiliario que contemplaba la demolición del inmueble para la construcción de un edificio de nueve pisos de alta gama. La iniciativa, impulsada por la desarrolladora Pride Developers, incluía unidades residenciales y un local comercial premium en planta baja, con valores estimados desde USD 500.000.
El avance de ese proyecto generó un fuerte rechazo en el entorno. Vecinos y especialistas advirtieron sobre el impacto que tendría la obra en una avenida que funciona como un corredor patrimonial a cielo abierto. En paralelo, se reactivó el debate sobre los límites del actual sistema de protección, ya que el edificio no cuenta con catalogación individual, aunque se encuentra dentro de un Área de Protección Histórica.
El antecedente más cercano se remonta a 2022, cuando la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos intervino para frenar una instancia previa de demolición. Si bien en ese momento no se avanzó con el proyecto, la situación volvió a escalar en las últimas semanas con el inicio de los trabajos.
Opinión del desarrollador
Desde el lado del desarrollador, la postura se mantuvo firme en cuanto a la legalidad del proyecto. Maximiliano Mustafá, chairman de Pride Developers, sostuvo que la obra cumple con la normativa vigente y cuenta con las autorizaciones correspondientes.
“El edificio no es histórico ni protegido, es una construcción con fines comerciales de los años 90 y no tiene valoración patrimonial dentro del marco normativo actual”, explicó. En esa línea, indicó que el proyecto se ajusta al código urbanístico sin necesidad de excepciones.
Señaló: «El permiso de demolición y el inicio de obra fueron otorgados conforme a la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires. No hubo observaciones porque el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos”.
Respecto a la suspensión, aseguró que no responde a cuestiones técnicas del expediente. “La obra no fue detenida por una cuestión normativa, porque no existe impedimento legal para avanzar. Si la Ciudad hubiera considerado lo contrario, no habría aprobado el proyecto desde el inicio”, afirmó.
El desarrollador también detalló las características del emprendimiento previsto. Indicó que el proyecto contempla semipisos de 90 metros, pisos completos de 180 metros y un último nivel con salón de usos múltiples y terraza. Dijo: “Se trata de un desarrollo de alta gama, pensado para integrarse al perfil de la avenida”.
Qué vendrá
El caso del Palacio Lawson volvió a instalar una discusión estructural sobre el modelo de crecimiento urbano en Buenos Aires. Por un lado, la necesidad de impulsar nuevas inversiones inmobiliarias; por otro, la preservación de una identidad arquitectónica que distingue a determinados corredores de la Ciudad.
Mientras continúan las negociaciones, el futuro del edificio permanece abierto. La posibilidad de conservar su fachada aparece como una alternativa intermedia entre ambas posiciones, en línea con experiencias internacionales donde se integran estructuras históricas a desarrollos contemporáneos.
En ese escenario, la decisión final no solo definirá el destino del Palacio Lawson, sino que también marcará un precedente para intervenciones futuras en áreas de alto valor patrimonial. Desde el sector desarrollador insistieron en la viabilidad del proyecto original, mientras que desde organizaciones y especialistas remarcaron la necesidad de reforzar los mecanismos de protección.
El investigador del patrimonio Alejandro Machado (en IG es @cronistadetuciudad) advirtió sobre las limitaciones del sistema actual y el peso de los organismos de decisión. Explicó que “cuando se evalúa una demolición interviene un consejo asesor con 13 votos posibles, donde la mayoría suele inclinarse por habilitar nuevas obras”, y cuestionó la falta de un ente específico que resguarde el patrimonio urbano.
En la misma línea, el arquitecto Germán Carvajal, ex integrante de la Asociación de Vecinos de la Avenida Alvear, alertó sobre el impacto en el entorno. Señaló que “no tiene sentido que en una avenida con protección histórica se pierda una fachada de este tipo”, y sostuvo que la intervención “afecta la identidad y el carácter de una de las zonas más representativas de la Ciudad”.
También se sumó la mirada desde el mercado inmobiliario y el vínculo con la demanda internacional. La inmobiliaria Jasmine Rossi indicó que “muchos clientes del exterior eligen la zona por su arquitectura clásica” y advirtió que la modificación del perfil urbano puede alterar esa percepción. “No es lo mismo ver una construcción histórica que una torre moderna en ese contexto”, explicó.
Desde el lado desarrollador, la postura se mantuvo firme. “La obra cumple con la normativa vigente y responde a un desarrollo acorde al mercado actual”, afirmó Maximiliano Mustafá. Y concluyó: “Todos los permisos fueron otorgados en regla y dentro del marco legal establecido”.
