El distrito de Tigre atraviesa uno de los debates urbanos más sensibles de los últimos años. Una cautelar judicial que suspendió aprobaciones y la decisión política de revisar el régimen de alturas colocaron al mercado inmobiliario, al Concejo Deliberante y al Ejecutivo local en un escenario de tensión abierta. En el centro de la discusión aparece el futuro Código Urbano y el perfil edilicio que definirá el crecimiento para las próximas décadas.

La cautelar dispuso la suspensión de nuevas aprobaciones y generó un impacto inmediato en el sector. En paralelo, el Ejecutivo dictó el decreto 935/25, que fijó un tope de ocho pisos para proyectos en estudio y envió al Honorable Concejo Deliberante un proyecto para redefinir alturas y perfiles urbanos. El resultado: más de 90 desarrollos en pausa y un debate político que combina planificación, empleo y seguridad jurídica.

Esta situación se da en un contexto particularmente delicado para la construcción. El sector atraviesa un escenario de fuerte retracción, con la obra pública en niveles mínimos, costos elevados (hoy el m2 de construcción no baja de USD 1.400 por m2) y actividad privada en retroceso. En ese marco, la paralización de proyectos en el distrito no resulta un dato aislado, sino un factor que agudiza la crisis.

Lejos de acompañar a uno de los principales generadores de empleo como es la construcción de viviendas e inmuebles, la suspensión profundiza la caída de la actividad y tensiona aún más a una cadena productiva que ya opera en niveles históricamente bajos.

Para desarrolladores y contratistas, el impacto no solo se mide en metros cuadrados que no avanzan, sino en puestos de trabajo e inversión que quedan en suspenso.

Desde la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Tigre, su presidente Martín Palma y el secretario Bernardo Lavista Llanos plantearon que la judicialización excede el ámbito técnico y trasladó a tribunales una discusión que, a su criterio, requiere respuesta política. Palma comentó que la paralización total de aprobaciones resulta desproporcionada y genera pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. “El planeamiento debe surgir de una política pública y no de litigios”, sostuvo.

Lavista Llanos agregó que el distrito enfrenta una emergencia laboral. Según indicó, existen desarrollos de gran escala y también pequeñas obras que emplean a cientos de trabajadores cada una. La cadena incluye proveedores, corralones, comercios y servicios profesionales. “Con las obras abiertas se puede discutir el modelo de ciudad; con las obras cerradas el daño social se profundiza”, expresó.

El sector empresario advirtió además por el impacto en inversión y financiamiento. Palma señaló que algunos desarrolladores evalúan trasladar proyectos a otros municipios ante la falta de definiciones.

También mencionó el riesgo de litigiosidad por derechos adquiridos en casos con viabilidad urbanística previa y tasas abonadas. Comentó: “El Concejo tiene la posibilidad de consensuar una ordenanza que cierre esta etapa y otorgue previsibilidad».

La justificación política de la necesidad de un cambio en la forma de construir

Del lado político, el concejal Sebastián Rovira, del bloque Fuerza Tigre, economista y magister en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, defendió la suspensión como medida preventiva. Afirmó que el reclamo vecinal creció en distintos barrios y que el distrito experimentó un avance edilicio sin planificación integral. Explicó: “No se trata de una postura contra el crecimiento, sino de definir qué ciudad queremos”.

Rovira cuestionó el tope uniforme de ocho pisos al señalar que cada localidad posee identidad y capacidad de infraestructura distinta. Según su visión, el debate no puede limitarse a la altura, sino que debe abarcar movilidad, servicios, impacto ambiental y tejido barrial. “Ocho pisos no producen el mismo efecto en el casco de Pacheco que en otras zonas”, comentó.

El concejal también relativizó el argumento del empleo como presión inmediata. Indicó que las obras con viabilidad previa continúan y que la discusión debe contemplar infraestructura vial y servicios públicos. Mencionó corredores con saturación y tiempos de traslado en aumento. “Una ciudad no puede crecer solo en metros cuadrados; requiere planificación y equilibrio”.

Contrastes

En ese punto aparece la tensión central: desarrollo versus ordenamiento. La Cámara propuso una mesa técnica permanente con participación público-privada para elaborar una normativa moderna y sostenible. Entre los ejes planteados figuran movilidad, mejora de accesos, expansión de espacios verdes, ampliación de redes de agua y cloaca e integración socio-espacial. Palma comentó que el objetivo no consiste en defender intereses individuales, sino contribuir a un crecimiento ordenado.

Rovira, por su parte, planteó la necesidad de un proceso participativo amplio con vecinos, colegios profesionales y especialistas. Señaló que la cautelar fijó un plazo que obliga al Concejo a expedirse y consideró que la previsibilidad surge de reglas claras y legitimidad social. “Las judicializaciones se evitan con normas modernas y transparentes”, expresó.

El debate incluye también la cuestión del perfil del mercado. Desde el bloque opositor surgieron críticas a desarrollos de alta gama con unidades destinadas a inversión. Rovira comentó que parte de la oferta responde a lógica especulativa más que a demanda habitacional local. La Cámara rechazó esa caracterización y remarcó que el sector dinamiza empleo y actividad económica.

Situación intermedia

Mientras el tratamiento legislativo avanza, el distrito permanece en una situación intermedia. No existe aún un nuevo Código Urbano sancionado y la cautelar continúa vigente. La definición sobre alturas y perfiles se convirtió en un test político para el oficialismo y la oposición. En juego aparecen inversiones millonarias, fuentes laborales y el modelo territorial.

En el plano institucional, la discusión abre interrogantes sobre coordinación entre poderes y tiempos legislativos. El Concejo deberá compatibilizar el reclamo empresarial con la presión vecinal y la necesidad de seguridad jurídica. La sanción de una ordenanza que redefina parámetros podría destrabar la cautelar y restablecer el circuito administrativo.

El caso de Tigre refleja un dilema presente en numerosos municipios del conurbano: cómo compatibilizar densificación, infraestructura y calidad de vida. La experiencia reciente dejó en evidencia la falta de actualización normativa frente a un ciclo de expansión inmobiliaria. La actual coyuntura fuerza una redefinición.

Para la Cámara, la prioridad consiste en reactivar aprobaciones y establecer un marco estable. Para el bloque opositor, la urgencia pasa por un Código integral con participación real. Entre ambas posiciones se ubica el desafío político del Concejo.

Horizonte

El desenlace marcará el rumbo urbano del distrito. La decisión que adopte el cuerpo legislativo no solo incidirá en torres y alturas, sino en la estructura territorial de los próximos años. Tigre enfrenta así una definición estratégica: ordenar el crecimiento sin clausurar inversión ni empleo, y dotar al desarrollo de reglas claras y legitimidad social.

Palma cerró con un mensaje dirigido al Concejo y al Ejecutivo: pidió una definición rápida que permita destrabar la actividad sin resignar el debate de fondo. Comentó que el distrito necesita una ordenanza que otorgue previsibilidad y respete derechos adquiridos, pero que al mismo tiempo abra una instancia de planificación integral con participación técnica y política.

Concluyó: “Queremos una ciudad con desarrollo equilibrado, empleo local y cuidado ambiental. Estamos dispuestos a colaborar con equipos profesionales y propuestas concretas. Lo que no puede continuar es la parálisis que golpea a trabajadores e inversores”.