La muerte de Lourdes Antonini, de 20 años, tras el derrumbe de un cartel publicitario en una obra en Villa Devoto, sumó un nuevo capítulo judicial. A más de tres meses del hecho, el fiscal Andrés Madrea pidió la indagatoria del exfutbolista y empresario inmobiliario Damián Manusovich (pasó por el streaming de Ladrillo.Info en 2025), a quien señala como uno de los responsables en una causa por homicidio culposo.
El episodio ocurrió el 4 de diciembre de 2025 en la calle Chivilcoy al 3600. La joven caminaba por la vereda cuando una estructura vinculada a un desarrollo inmobiliario cayó sobre su cabeza. El impacto resultó letal. La autopsia determinó que la víctima sufrió un traumatismo grave con hemorragia interna que provocó la muerte en el acto.
En una primera instancia, la investigación se centró en responsables técnicos de la obra. Un maestro mayor de obra y un licenciado en seguridad e higiene quedaron bajo la lupa. Ahora, el foco se amplía hacia la conducción del emprendimiento.
El fiscal incluyó en su pedido a seis personas más vinculadas a la desarrolladora MMCV, entre ellas Manusovich, fundador de la firma (que ya desarrolló en Villa Devoto, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica y en exterior, actualmente avanza con más de 12 obras en ejecución).
Un cartel fuera de norma
Para la fiscalía, la estructura que provocó la muerte no cumplía con las condiciones mínimas exigidas. En su dictamen, Madrea sostuvo que el cartel presentaba una configuración irregular, sin permisos ni controles adecuados. Además, indicó que cumplía una doble función como publicidad y cerramiento de obra, algo que se considera fuera de reglamento.
El desarrollo inmobiliario, denominado Seirén, se promocionaba como un proyecto premium de 23 unidades. Sin embargo, tras el hecho, dejó de figurar entre los emprendimientos activos de la empresa.
Según la acusación, la estructura formaba parte integral del perímetro de la obra desde sus inicios y no contaba con supervisión efectiva ni validación de organismos de control. Esa falta de regulación aparece como uno de los ejes centrales del expediente.
Pericias que complican
Entre las principales deficiencias, los especialistas señalaron la falta de refuerzos clave para dar estabilidad. La estructura no contaba con cruces de rigidización, lo que la volvía vulnerable frente a vibraciones, golpes o condiciones climáticas adversas.
También se identificó el uso de materiales inadecuados. En lugar de fijaciones robustas, como pernos o tornillos de alta resistencia, se utilizaron clavos, un recurso considerado débil para este tipo de montajes.
Los informes técnicos resultaron determinantes para el avance de la causa. Una pericia del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad detectó fallas estructurales severas en el cartel que cayó sobre la víctima.
A esto se sumó un problema en el terreno. La estructura se apoyaba sobre un sector con excavaciones recientes y sin un talud adecuado, lo que generaba inestabilidad. La presencia de maquinaria pesada en la zona agravaba el escenario, ya que las vibraciones podían afectar la base de sustentación.
Los peritos concluyeron que la combinación de estos factores generó un entorno propenso al colapso.
Sin permisos y con responsabilidades en debate
Otro punto clave en la investigación es la falta de habilitación. Según información oficial, no existía ningún permiso vigente ni trámite en curso para la instalación del cartel en ese predio.
Desde el Gobierno porteño indicaron que la estructura excedía lo permitido para vallados de obra y que no se ajustaba a la normativa vigente. También aclararon que distintas áreas tienen competencias diferenciadas sobre estos elementos, lo que abre interrogantes sobre los controles previos.
En este contexto, la fiscalía apunta a una cadena de responsabilidades que no se limita a lo técnico. El rol de Manusovich aparece como central en la estructura del emprendimiento. Según el expediente, su participación no se restringe a una función formal, sino que se vincula con la toma de decisiones dentro del proyecto.
El empresario figura asociado a los fideicomisos que administraban el desarrollo y a las sociedades involucradas en su ejecución. Para el fiscal, esa posición lo ubica en la cúspide de la estructura operativa.
Quien era la víctima
Lourdes Antonini tenía 20 años y era soldado voluntaria del Ejército, donde cumplía tareas administrativas en el edificio Libertador. Vivía en el oeste del conurbano bonaerense y había cursado sus estudios en un colegio religioso de la zona. Su entorno la describía como una joven “estudiosa” y de perfil bajo, que ese día —jueves 4 de diciembre por la tarde— estaba de franco.
El hecho ocurrió cuando caminaba por la calle Chivilcoy al 3600, en Villa Devoto. En ese momento, una estructura de madera utilizada como cartelería de una obra en construcción se desprendió y cayó sobre ella. Uno de los cubos del montaje se desplomó y la golpeó en la cabeza, provocándole la muerte en el acto.
La estructura formaba parte de la promoción del emprendimiento Seirén Residences, un desarrollo de unidades de 1, 2 y 3 ambientes a cargo de la desarrolladora Root Desarrollos. En un primer momento se creyó que se trataba de un andamio, pero luego se confirmó que era parte de la cartelería instalada en el frente de la obra, lo que derivó en una investigación judicial para determinar responsabilidades.
El impacto y lo que viene
El caso generó conmoción en el barrio y reavivó el debate sobre los controles en obras en construcción y el uso del espacio público. La muerte de Antonini expuso fallas en la seguridad de instalaciones provisorias que, en muchos casos, quedan fuera del radar cotidiano.
En paralelo, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo inició un expediente interno para evaluar posibles faltas éticas por parte del arquitecto involucrado. También se dispuso la realización de nuevas pericias independientes.
El pedido de indagatoria presentado por el fiscal será analizado en los próximos días por el juez Darío Bonnano, quien deberá definir si hace lugar a la solicitud. De avanzar, los imputados deberán presentarse a declarar y dar su versión de los hechos.
La causa avanza sobre un punto sensible: establecer hasta dónde llegan las responsabilidades en un emprendimiento inmobiliario cuando se combinan decisiones empresariales, ejecución técnica y controles estatales.
