La causa por la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata avanza con Diego Lacki, uno de los principales responsables de la desarrolladora ABES, como principal apuntado y suma nuevos elementos que elevan la tensión del expediente. La investigación acumula denuncias por estafa y administración fraudulenta y suma ahora un nuevo frente vinculado a la posible falsificación de documentación presentada como prueba.
El expediente, que tramita en la fiscalía penal N°3 de La Plata a cargo de Gonzalo Petit Bosnic, pone bajo la lupa el funcionamiento de la desarrolladora ABES y una serie de fideicomisos inmobiliarios que terminaron con obras paralizadas, inversores sin respuestas y pérdidas millonarias que superan los u$s20 millones.
El foco reciente se concentra en un acta notarial fechada el 30 de diciembre de 2024. En ese documento figura la firma de Lucrecia Villar Loos como fiduciaria, en una estrategia que buscó deslindar responsabilidades dentro de la operatoria.
Sin embargo, registros migratorios incorporados a la causa ubican a Villar Loos fuera del país en esa fecha, lo que abre la hipótesis de una posible falsificación documental. A partir de esa contradicción, la investigación suma un nuevo frente penal.
Miguel Molina, abogado de varios damnificados, advirtió: “El principal argumento defensivo para deslindar responsabilidades podría apoyarse en un instrumento ideológicamente falso”. En esa línea, detalló que se solicitó una pericia caligráfica y el secuestro del libro de actas.
El letrado remarcó que el caso ya no se limita a la estafa original. “No solo cae el intento de deslindar responsabilidades, sino que se abre la investigación por estafa procesal y falsedad ideológica de documento privado”, afirmó.
Proyectos paralizados bajo investigación
El expediente analiza al menos una decena de desarrollos que quedaron inconclusos en distintos puntos de la ciudad. Muchos de ellos se comercializaron con promesas de renta y plazos definidos que nunca se cumplieron.
Entre los principales proyectos figuran:
- Vita, en 11 entre 59 y 60.
- Dezzeo, en 55 entre 4 y 5.
- Lucero, en 59 entre 10 y 11.
- Elipsis, en 54 entre 4 y 5.
- Thymos, en 16 entre 54 y 55.
- Cromo, en 2 entre 56 y 57.
- Cross, en 58 entre 11 y 12.
- Lumiere, en 55 entre 1 y 2.
En todos los casos, los denunciantes describen un patrón similar: obras con avances iniciales, interrupción progresiva de la actividad y ausencia de respuestas concretas.
Los desarrollos se ofrecían bajo la figura de fideicomiso al costo. En muchos casos, los inversores aportaron el valor total de las unidades con la expectativa de recibir un departamento terminado o una renta mensual mientras avanzaba la obra.
Con el paso del tiempo, ese esquema quedó en crisis. Las construcciones se frenaron, la renta se interrumpió y comenzaron las presentaciones judiciales.
Una operatoria bajo sospecha
Dentro del expediente, uno de los puntos centrales pasa por determinar el destino de los fondos. Los denunciantes sostienen que existió una lógica de “caja única”, en la que el dinero de distintos fideicomisos se utilizaba para financiar otros proyectos.
“Los fondos de distintos fideicomisos se utilizaban para otros desarrollos sin autorización ni conocimiento de los inversores”, explicó Molina.
El abogado también hizo referencia a movimientos de dinero que refuerzan la hipótesis de maniobras irregulares. “Hay inversores que demuestran que parte del dinero terminó en cuentas personales en el exterior, algo completamente ilegal”, señaló.
La investigación busca establecer si existió un esquema sistemático de captación de fondos con fines defraudatorios o si se trató de incumplimientos contractuales aislados. Esa definición resulta clave para determinar el encuadre penal del caso.
Renta garantizada y el rol de los inversores
Otro de los ejes de la causa gira en torno a la llamada “renta garantizada”, una modalidad que prometía pagos mensuales desde el inicio de la inversión.
Para varios damnificados, ese mecanismo funcionó como un incentivo clave. “La renta era un enganche para que la gente no estuviera encima de la obra. Eso relajaba el control”, relató uno de los inversores que forma parte de la causa.
El esquema se sostuvo durante un tiempo, pero hacia fines de 2025 comenzaron los incumplimientos. La interrupción de los pagos marcó un punto de quiebre y aceleró las denuncias.
Entre los damnificados figura Pedro Troglio, ex futbolista y actual director técnico de Banfield, quien declaró en la causa y aportó detalles sobre el funcionamiento de la operatoria.
El entrenador apuntó contra los responsables y describió el esquema como un “engaña pichanga”. Según su testimonio, las irregularidades quedaron en evidencia cuando las obras dejaron de avanzar y la renta se interrumpió.
“Vimos que no había empleados y que todo seguía igual durante meses. Ahí quedó claro que algo no estaba bien”, sostuvo.
También remarcó el impacto sobre otros inversores. Expresó: “Muchos pusieron sus únicos ahorros. Ese es el verdadero problema”.
El intento fallido de reactivar las obras
Otro de los episodios recientes en la causa fue el intento de traspaso de ABES a un nuevo grupo desarrollador (la firma Yacoub). La operación buscaba reactivar las obras paralizadas, pero no prosperó.
El Juzgado Civil y Comercial N°6 había habilitado inicialmente el cambio de control, aunque luego dejó sin efecto la decisión. El juez Juan José De Oliveira consideró que la medida se basó en una interpretación errónea sobre el alcance de las obligaciones asumidas por la nueva firma.
En su testimonio, también apuntó contra Diego Lacki y Macarena Núñez, a quienes identificó como caras visibles de la operatoria y responsables del manejo de los fondos dentro de la estructura de la desarrolladora.
Además, se refirió al intento fallido de reactivación de las obras tras la intervención de un nuevo grupo. La propuesta de traspaso a la desarrolladora Yacoub no fue aceptada por los damnificados, que rechazaron las condiciones planteadas. “Nos ofrecían valores insignificantes de finalización. Por eso no se aceptó”, sostuvo Troglio.
Un expediente en expansión
La causa continúa en etapa de instrucción y suma presentaciones de inversores particulares, profesionales y entidades. Entre los afectados también figura la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires.
El expediente presenta múltiples frentes: estafa, administración fraudulenta y ahora la posible falsificación documental. Cada uno de esos elementos amplía el alcance de la investigación.
Además, la Justicia analiza antecedentes similares, como el caso Induplack, que dejó más de 400 damnificados en CABA y pérdidas superiores a los USD 50 millones.
En La Plata, la expectativa de los inversores se centra en dos ejes: esclarecer el destino del dinero y avanzar en las responsabilidades penales.
Molina cerró con una definición sobre el estado de la causa: señaló que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de una maniobra estructurada, con desvío de fondos y perjuicio económico, y remarcó que el objetivo es que la investigación avance hasta las últimas consecuencias.
