La maquinaria judicial acelera para recuperar el dinero que el Estado Nacional perdió a raíz de la defraudación en la asignación irregular de obra pública. El Tribunal Oral Federal 2 notificó al cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que actualice el monto del decomiso en la emblemática causa Vialidad. Esta medida llega tras la reciente ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho implicados en la maniobra.
La sentencia original del TOF 2, dictada en 2022, estimó en $84 mil millones la suma que los condenados debían reintegrar al Estado. Sin embargo, fuentes judiciales cercanas al expediente adelantan que esta cifra, una vez actualizada, podría elevarse drásticamente, rozando los USD 500 millones. El fiscal Diego Luciani, junto a su colega Sergio Mola, trabaja sin pausa en un listado exhaustivo de bienes cautelados, listos para su ejecución, un inventario que no para de crecer.
Del sur patagónico al lujo del Madero Center: los inmuebles en la mira
La Justicia no solo se enfoca en la actualización monetaria. También prepara un listado ampliado de propiedades pertenecientes a la familia Kirchner. Este nuevo informe incluye un detalle que no pasa desapercibido: el propio departamento de San José y Humberto Primo, donde la ex mandataria cumple su prisión domiciliaria (en Constitución un 4 ambientes supera los USD 220.000, pero también dependen del estado de conservación de la propiedad). Esta vivienda, junto a otras, podría ser subastada en un futuro cercano, un golpe duro para su patrimonio.
Entre los bienes que la Justicia busca ejecutar, destacan dos unidades y cocheras en el exclusivo Madero Center, en Puerto Madero. Se sabe que los departamentos en este prestigioso complejo alcanzan valores que oscilan entre USD 1.200.000 y USD 3.000.000. Además, el alquiler de un departamento de cuatro ambientes allí se ubica en torno a los USD 2.600 mensuales. Otros inmuebles, ubicados en la Patagonia, también engrosan esta lista.
Todos estos inmuebles figuran a nombre de Los Sauces, la inmobiliaria de los Kirchner, ya bajo la lupa en otro expediente por lavado de dinero. La inclusión del departamento donde Cristina Kirchner reside subraya la determinación judicial de avanzar sobre la totalidad del patrimonio vinculado a la causa Vialidad.
El cronograma de la ejecución y la subasta
Una vez que el cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte finalice su informe, la Justicia otorgará un plazo de 10 días hábiles a los condenados para que devuelvan el monto total establecido en el decomiso. Si no cumplen con esta exigencia, se iniciará la fase de ejecución de los bienes, que culminará con la subasta pública. Este mecanismo ya tiene un antecedente similar en la causa Cuadernos, donde se remataron bienes de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.
El listado ya confeccionado por los fiscales Luciani y Mola detalla 26 propiedades de los Kirchner: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 en la provincia de Santa Cruz. También se incluyen las tres empresas familiares: Los Sauces, Hotesur y COMA S.A., además de los USD 5,6 millones pertenecientes a Florencia Kirchner.
Hoteles y estancias de la familia figuran entre los inmuebles.
Este documento no solo abarca los bienes directamente vinculados a Cristina Kirchner, sino que suma aquellos que la expresidenta cedió a sus hijos, Máximo y Florencia, como herencia anticipada en 2016. Esta maniobra fue denunciada por Margarita Stolbizer (ex legisladora) por insolvencia fraudulenta, buscando esquivar los embargos trabados tiempo después en la causa Hotesur-Los Sauces, expediente en el cual la ex presidenta y su hijo procesan.
El extenso patrimonio de Lázaro Báez bajo el escrutinio judicial
La lista de bienes a decomisar también se extiende al vasto patrimonio de Lázaro Báez, otro de los condenados clave en la causa Vialidad. Su inventario judicial incluye 37 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro propiedades en territorio bonaerense y 132 inmuebles en Santa Cruz, sumado a uno en Chubut. Sus empresas, Austral Construcciones, Loscalzo, Del Curso SRL y Gotti S.A., también enfrentan la ejecución.
Entre las propiedades de Báez se encuentran las históricas estancias de Cruz Aike, donde en 2018 se realizaron excavaciones en busca de dinero presuntamente enterrado. Otras propiedades de alto valor de mercado, como Río Olnie, El Rincón y Los Gurises, también están bajo la lupa judicial.
Los fiscales Mola y Luciani subrayaron que, como resultado de la defraudación con la obra pública, el Estado se vio privado de invertir esos fondos en proyectos cruciales para la educación, la salud, la asistencia social, la vivienda, el trabajo y la justicia. La sentencia condenatoria contra los nueve acusados ordenó un decomiso de $85 mil millones, una cifra que, como ya se mencionó, se actualizará. La Cámara Federal de Casación confirmó este decomiso.
Si bien los bienes ya están embargados en otras causas, como Los Sauces, los fiscales Mola y Luciani sostienen que se ejecutarán en el expediente que primero alcance sentencia firme, en este caso, Vialidad. Además, argumentan que es viable avanzar sobre los bienes que Cristina Kirchner cedió a sus hijos, ya que están cautelados y en condiciones de ser ejecutados, basándose en la premisa que se compraron con dinero proveniente de las maniobras ilícitas ya confirmadas por la Corte Suprema.
